Colombia cuenta hoy con un buen número de herramientas electrónicas que han permitido mejorar la gestión  financiera pública, las cuales han evolucionado de unidades de cómputo funcionando en solitario a redes  interconectadas en tiempo real, lo cual se conoce como el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).  Decreto 2789 de 2004.

El SIIF Nación, conforme a la Ley 298 de 1996 en su Artículo 8, obliga a su utilización a los:

Órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público  Nacional y de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la  Contaduría General de la Nación o quienes hagan sus veces. (Decreto 2789, Artículo. 3).

La organización y administración del SIIF Nación está compuesto por un comité directivo, el cual pertenece el  viceministro general de hacienda, el director presupuesto público nacional, el director del crédito publico y del  tesoro nacional, el director de tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contador General de  la nación y el administrador del SIIF NACION, quien será el Secretario Técnico. (Decreto 2789 de 2004,  Artículo. 7 y 8).

El SIIF Nación cuenta con un comité de seguridad, en el cual las funciones principales son: Dictar las políticas,  estándares, implementación, y el mejoramiento continuo de todo el sistema de seguridad, y analizar los  informes de las evaluaciones de seguridad del sistema (Decreto 2789 de 2004, Artículo. 11). El SIIF Nación  está integrado también por un Administrador del Sistema que hace las veces de secretario técnico del comité  directivo y un funcionario responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo.

El SIIF, es diferente al SIIF Nación dado que contiene funcionalidades que lo diferencian, tales como  programación presupuestal, administración de apropiaciones, lo que hizo necesario una nueva organización  para su administración y operación.

La información registrada en el SIIF, es de carácter oficial, lo cual implica que el sistema debe reflejar la  consistencia de los valores frente a la documentación que soporta los registros realizados en el aplicativo. El  SIIF debe reflejar todas las operaciones que permitan reflejar la gestión financiera realizada por todos los  usuarios. De igual manera es responsabilidad del personal de todas las áreas involucradas, realizar  verificación y validación de la información antes de efectuar un cierre (Decreto 2674 de 2012). Dado que una  vez efectuado el cierre en el sistema, no será factible hacer ninguna modificación, por tal motivo se debe tener  presente las fechas hábiles del sistema y también las fechas hábiles bancarias.

Los objetivos actuales del SIIF, son (MinHacienda, 2015:5):

• Proporcionar una herramienta informática a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para que registren su gestión financiera.
• Centralizar la información financiera pública de la Nación en una base de datos que garantice la transparencia, una gestión estandarizada conforme a la norma y un registro seguro y oportuno, de forma tal que sea considerada como oficial.

Posibilitar que las entidades destinen recursos a aplicaciones misionales.

Etapa precontractual

Surge con el establecimiento de la necesidad y va hasta el momento de la celebración del contrato, en  ella la norma distingue dos momentos, la fase de planeación del negocio y la fase de selección del  contratista.

Etapa de ejecución o contractual

Inicia a partir de la existencia del contrato, conforme lo establece el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993,  “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la  contraprestación y este se eleve a escrito” no obstante, se debe tener en cuenta que la ejecución del  contrato como tal, solo puede iniciar con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso  segundo del citado Artículo, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en donde   exige  que: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las  disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de contratación con recursos de  vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de presupuesto. El proponente y el  contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al  Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación  Familiar, cuando corresponda.

Etapa de ejecución o contractual – Continuación

Esta fase culmina con agotamiento del objeto contratado o al vencimiento del plazo pactado,  momento a partir del cual inicia la liquidación del contrato que tiene por objeto la verificación de la  totalidad de las obligaciones de las partes, para hacer un inventario final y llegar al finiquito de la  relación negocial; la liquidación puede ser bilateral o de mutuo acuerdo, unilateral si se hace de  manera directa por la entidad, o judicial si se acude ante el juez para que mediante sentencia defina  sobre el finiquito del contrato.

Etapa post-contractual

Surge una vez liquidado el contrato y durante esta etapa se verifica el cumplimiento de las garantías  post-contractuales, es decir las que se emiten sobre el bien, obra o servicio, que ha sido entregado y  recibido por la administración, con el propósito de brindar seguridad a la entidad sobre las  condiciones de lo recibido, que cumpla con el cometido para el cual fue adquirido por la  administración.

De acuerdo con lo normado en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, “Vencidos los  términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición  final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del  cierre del expediente del Proceso de Contratación”.

Para planear o planificar, se debe partir de una clara definición de la necesidad a satisfacer, contando  con todos los elementos requeridos para lograr el resultado que se espera, lo cual significa, no solo  familiarizarse con la normatividad aplicable al proceso de selección sino antes que nada conocer la  verdadera necesidad (aquello de lo que se carece y que se requiere para lograr un fin), que se  pretende satisfacer con el contrato, aspecto que debe quedar contemplado en el Plan Anual de  Adquisiciones, que corresponde al Plan de Compras de la entidad, el cual debe ser publicado antes del  31 de enero de cada anualidad y debe ser ajustado por lo menos una vez durante su vigencia, al  respecto, se debe dar aplicación a lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.1.1.4.1 y siguientes del Decreto  1082 de 2015.

De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se hace indispensable, en virtud del principio de  Economía, la correcta estructuración de los procesos de selección haciendo la debida planeación, la  cual en parte se materializa en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. “Plan Anual de Adquisiciones”, el “Análisis del  Sector” Artículo 2.2.1.1.1.6.1 y los estudios previos que de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del  Decreto 1082 de 2015, deben contener como mínimo:

[…] Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:

La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.

1. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
2. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado  por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de  presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para  calcular el valor es- timado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de  méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su  estructuración.
4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  5.El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
5. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
6. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
7. El presente artícul no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.

Una vez agotados los estudios previos, y definida la procedencia de la futura contratación, la entidad  debe proceder a la formulación del pliego de condiciones, que, en palabras de González López,  (2010):

[…] El pliego de condiciones corresponde a un acto administrativo de carácter general mediante el  cual la administración, en forma previa y unilateral, establece las reglas para determinar la necesidad  de servicio público que pretende satisfacer, en ejercicio de la planeación debida y el procedimiento  para que las personas interesadas, en desarrollo de los principios de libertad de concurrencia,  publicidad, transparencia e igualdad, presenten sus ofertas y pueda la administración seleccionar en  forma objetiva la oferta más favorable, según criterios expresos de evaluación y ponderación,  adecuados, razonables y proporcionales.

Atendiendo los postulados del principio de transparencia establecidos en el Artículo 24 de la Ley 80  de 1993, la entidad tiene el deber de claridad y certidumbre en la configuración del pliego, por lo que  este debe:

a. Definir plenamente la parametrización del objeto a contratar.

b. Establecer las reglas para la presentación de ofertas, la participación, evaluación y adjudicación del  contrato.

c. Regular el objeto y clausulado del contrato, porque se convertirá en parte integral del mismo y fuente de interpretación.

Así las cosas y acorde con el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, en el pliego se deben  definir las condiciones de la futura contratación, de conformidad con la naturaleza del bien o servicio,  la oportunidad, la destinación y la cuantía del futuro contrato, optando la entidad por la aplicación de  alguno de los procesos de selección que a continuación se relacionan.

3.Procesos de selección de contratistas

Acorde con lo normado en el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Artículo 94 de la Ley  1474 de 2011, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de  licitación pública, selección abre- viada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de  mínima cuantía.

4.Licitación pública

De acuerdo con lo normado en el parágrafo del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la licitación pública es el  “Procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de  oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellos la más favorable”, corresponde a la  regla general de los procesos de selección, pues busca que la entidad estatal tenga la posibilidad de recibir el mayor  número de ofertas, a fin de contar con amplias posibilidades en la selección de la mejor, acorde con sus necesidades,  definidas en el pliego de condiciones, basadas en los estudios previos.

Su regulación se encuentra en el Artículo 2.1 de la Ley 1150 de 2007, se desarrolla el procedimiento en el Artículo 30

de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el numeral 1 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993: […] La escogencia del contratista se efectuará por  regla general Licitación Pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo.  Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de Licitación Pública podrá ser presentada total o  parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento […]

Este proceso se caracteriza por ser un proceso administrativo reglado, integrado por varias fases o etapas, está  dirigido al público en general, su finalidad es la producción de un acto administrativo con el cual concreta la  selección de la oferta más favorable, con cuyo titular se adelantará la celebración y ejecución de un contrato; o la  determinación de imposibilidad de escogencia, mediante la declaración de Desierta.

1.4.1. Estructura del proceso de licitación pública

Dentro del proceso de Licitación podemos encontrar las siguientes etapas:

a) Fase Preparatoria.

b) Fase de Invitación.

c) Fase de apertura para recepción de ofertas.

• • Definición de Riesgos
  • Recepción de Ofertas.

d) Fase de evaluación de las ofertas.

• Dinámica – Subasta Inversa.
• Tradicional

e) Fase de Observaciones a los informes de evaluación.

f) Fase de definición – adjudicación o declaración de desierta.

5.Selección abreviada

Acorde con el numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:

La Selección Abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos  en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía  o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la  eficiencia de la gestión contractual.

1.Causales para la aplicación de la selección abreviada

Son causales para su procedencia según lo establece el numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y su regulación obra en el Decreto 1082 de 2015, las siguientes:

a)Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.  Son tres los procedimientos que se pueden utilizar para la escogencia del correspondiente  contratista, a saber

a)(i) subasta inversa;

b)(ii) compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios;

c)(iii) adquisición en bolsa de productos.

En los términos del Artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales  del orden nacional están obligadas a utilizar el acuerdo marco de precios si el  bien o  servicio a adquirir está comprendido en algún acuerdo marco. (Dávila Vinueza, 2016).

 b) Contratación de menor cuantía: Encuentra su regulación en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto  1082 de 2015, que establece: […] Además de las normas generales establecidas en el presente título,  las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso  de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo  establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o  hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de  Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la  forma en la cual lo hará.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil

4. siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.  4.La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.

1.5.1. Causales para la aplicación de la selección abreviada – Continuación

c). Contratos para la prestación de servicios en salud:

Estos contratos se encuentran excluidos de la regulación de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de  2007, al respecto, el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, refiere sobre el particular, que  los interesados en celebrar esta clase de contratos deben estar inscritos en el registro nacional del  Ministerio de Salud.

d). Cuando se declara desierta la Licitación, dentro de los cuatro meses siguientes:

Al declararse desierto un proceso de licitación pública, si persiste la necesidad por parte de  la  entidad, se permite el inicio de un proceso de selección abreviada de menor cuantía prescindiendo  de la recepción de las manifestaciones de interés y del sorteo de oferentes, respetando la esencia del  pliego de condiciones empleado en la licitación, admitiendo algunos ajustes menores sobre el mismo,  pues de cambiarse la esencia del pliego, estamos ante otro contrato que debería tramitarse bajo las  normas de la Licitación Pública. En este caso, debe tenerse en cuenta lo normado en el Artículo  2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015.

e) Enajenación de bienes del estado.

Excepto los contemplados en la Ley 226 de 1995: Cuando la entidad requiere enajenar sus bienes, (los  cuales corresponden a los denominados bienes fiscales, que son aquellos que, a pesar de ser  propiedad del Estado, este guarda relación con los mismos como si fueran bienes privados), se debe  dar aplicación a las normas del Decreto 1082 de 2015, contenidas en los Artículos 2.2.1.2.2.1.1. al  2.2.1.2.2.4.4.

Esta enajenación se puede realizar de manera directa o por medio de terceros denominados  promotores, bancos de inversión o comisionistas de bolsa, según corresponda con la naturaleza del  bien.

Acorde con el numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:

La Selección Abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos  en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía  o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la  eficiencia de la gestión contractual.

1.Causales para la aplicación de la selección abreviada

Son causales para su procedencia según lo establece el numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y su regulación obra en el Decreto 1082 de 2015, las siguientes:

a)Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.  Son tres los procedimientos que se pueden utilizar para la escogencia del correspondiente  contratista, a saber

a)(i) subasta inversa;

b)(ii) compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios;

c)(iii) adquisición en bolsa de productos.

En los términos del Artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales  del orden nacional están obligadas a utilizar el acuerdo marco de precios si el  bien o  servicio a adquirir está comprendido en algún acuerdo marco. (Dávila Vinueza, 2016).

 b) Contratación de menor cuantía: Encuentra su regulación en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto  1082 de 2015, que establece: […] Además de las normas generales establecidas en el presente título,  las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso  de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo  establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o  hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de  Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la  forma en la cual lo hará.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil

4. siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.  4.La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.

1.5.1. Causales para la aplicación de la selección abreviada – Continuación

c). Contratos para la prestación de servicios en salud:

Estos contratos se encuentran excluidos de la regulación de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de  2007, al respecto, el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, refiere sobre el particular, que  los interesados en celebrar esta clase de contratos deben estar inscritos en el registro nacional del  Ministerio de Salud.

d). Cuando se declara desierta la Licitación, dentro de los cuatro meses siguientes:

Al declararse desierto un proceso de licitación pública, si persiste la necesidad por parte de  la  entidad, se permite el inicio de un proceso de selección abreviada de menor cuantía prescindiendo  de la recepción de las manifestaciones de interés y del sorteo de oferentes, respetando la esencia del  pliego de condiciones empleado en la licitación, admitiendo algunos ajustes menores sobre el mismo,  pues de cambiarse la esencia del pliego, estamos ante otro contrato que debería tramitarse bajo las  normas de la Licitación Pública. En este caso, debe tenerse en cuenta lo normado en el Artículo  2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015.

e) Enajenación de bienes del estado.

Excepto los contemplados en la Ley 226 de 1995: Cuando la entidad requiere enajenar sus bienes, (los  cuales corresponden a los denominados bienes fiscales, que son aquellos que, a pesar de ser  propiedad del Estado, este guarda relación con los mismos como si fueran bienes privados), se debe  dar aplicación a las normas del Decreto 1082 de 2015, contenidas en los Artículos 2.2.1.2.2.1.1. al  2.2.1.2.2.4.4.

Esta enajenación se puede realizar de manera directa o por medio de terceros denominados  promotores, bancos de inversión o comisionistas de bolsa, según corresponda con la naturaleza del  bien.

Esta forma de contratación del Estado, se establece en el numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 1150 de  2007, su reglamentación se encuentra en los Artículos 2.2.1.2.1.3.1. al 2.2.1.2.1.3.25. del Decreto 1082  de 2015 y está consagrada para la selección de consultores, los cuales aparecen descritos en el  numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y corresponden a quienes realizan estudios para la  ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad, asesorías  técnicas de coordinación, control supervisión, interventoría, asesoría o gerencia de obras y proyectos  dirección, programación de obras y proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos,  anteproyectos (Dávila, 2016) y para los proyectos de arquitectura.

Este procedimiento es aplicable para la selección de los contratistas antes enunciados, salvo que se  trate de contratos cuyo valor no supere el 10% del valor de la menor cuantía, caso en el cual, el trámite  aplicable es la Selección de Mínima Cuantía.

Dada la naturaleza del servicio a contratar, el proceso de selección debe definirse en la evaluación de  la calidad, porque mínimo se deben tener en consideración como aspectos a calificar la experiencia del  oferente y la formación académica del equipo de trabajo y las publicaciones técnicas y científicas;  existiendo dos modalidades para el concurso de méritos:

a) Concurso Abierto y

b) Concurso con Sistema de Precalificación

Este proceso de selección, está consagrado en el numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, su  reglamentación se encuentra en los Artículos 2.2.1.2.1.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, así  como en el Decreto 92 de 23 de enero de 2017.

Corresponde a un proceso de excepción frente al proceso público, no obstante, tiene una regulación  especial que exige el cumplimiento del deber de selección objetiva, razón por la que previamente la  entidad debe emitir un Acto Administrativo de Justificación del proceso, en el que se debe indicar la  causal invocada, el objeto del contrato a celebrar, el valor del presupuesto y las condiciones a exigir al  contratista, lugar para la consulta y estudio de los documentos previos.

No se exige el Acto Administrativo de justificación para los contratos de i) Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión, ii) Contratos Interadministrativos; iii) Contratos de bienes y  servicios del sector defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección  que requieran reserva para su adquisición.

1.7.1.  Causales de contratación directa

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 125

de la Ley 1753 de 2015, procede la contratación directa en los siguientes casos:

• Urgencia manifiesta,
• Contratación de empréstitos,
• Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas,
• Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado,
• El arrendamiento o adquisición de inmuebles

Acorde con el Artículo 1602 del Código Civil Colombiano, “Todo contrato legalmente celebrado es una  ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas  legales”; a su vez el Artículo 39 de la Ley 80 de 1993, establece que “[…]Los contratos que celebran las  Entidades Estatales constarán por escrito[…]” no existen contratos verbales en la administración.

Ahora bien, para proceder a la ejecución del contrato estatal, el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993  modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se requiere la aprobación de las garantías, la  expedición del registro presupuestal y, la verificación de que el oferente y el contratista cumplan con  las obligaciones relacionadas, con los aportes parafiscales y seguridad social integral.

Elementos comunes a todo contrato

Dentro de los elementos comunes de los contratos estatales podemos citar la identificación de las  partes, la descripción del objeto, la definición de las cargas de las partes, tales como comunicación,  custodia de bienes, buena fe, claridad, lealtad, racionalidad; las obligaciones de las partes, el plazo, la  forma de pago, que puede contemplar la entrega de anticipos, (para lo cual debe darse cumplimiento a  las disposiciones de los Artículos 91 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082  de 2015. 91 de la Ley 1474 de 2011 y el 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015); garantías, condiciones  de cumplimiento, cláusulas de solución de controversias.

De acuerdo con el Artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993,

la Liquidación del contrato, procede en:

Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los  demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes,  procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de  referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la  finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del  acuerdo que la disponga.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para  poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato  a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y  accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para  avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de  servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

De acuerdo con el Artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el Artículo 60 de la Ley 80 de  1993, la Liquidación del contrato, procede en:

Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y  los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes  contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o  términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses  siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la  terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las  partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del  contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de  repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil  y, en general para avalar las obligaciones.

Al respecto, el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece:

[…] La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre  el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad Estatal cuando no requieren  conocimientos especializados. Para la supervisión la Entidad estatal podrá contar con personal de apoyo, a  través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una  persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal cuando el seguimiento del contrato  suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo  justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del  contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del  objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e  interventoría. Sin embrago, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el  contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las  demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la Entidad Estatal.