Importancia de los sistemas de información.

• ­Para los resultados en la gestión pública.
• ­Transversal a los procesos e instrumentos involucrados en la gestión pública.
• ­Demarcar responsabilidades.
• ­Cualificar los controles y procesos de rendición de cuentas
• ­Mitiga los riesgos de corrupción en la gestión pública.
• ­Articula y consolida a su vez con los sistemas de control interno.

Principios de los sistemas de información.

• ­Estandarización,
• ­Seguridad,
• ­Consistencia,
• ­Transparencia,
• ­Confiabilidad y
• ­Oportunidad.

Implicaciones al consolidar sistemas de gestión de la información en la gestión pública.

• ­Repositorio de necesidades y demandas de la ciudadanía.
• ­Incorporar los desarrollos informáticos
• ­Digitalizar e innovar en los instrumentos que incorpora cada proceso.
• ­Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD).
• ­Elemento facilitador del logro de los objetivos y metas.

La GpRD, va de lo general (ciclo de gestión) a lo particular (requisitos mínimos). Para abordar la GpRD se debe tener claro el panorama del ciclo de la gestión pública, el cual inicia en la identificación de la situación socioeconómica existente (como punto de partida de la  planeación) y pre concluye en la rendición de cuentas (como punto de llegada de la  evaluación). Se dice pre concluye, pues la evaluación de impacto de la gestión, es a su vez  insumo para la planeación (retroalimentación). (BID, 2011).

El ciclo de la gestión pública sigue la lógica del ciclo de proyecto: 1) Planificación orientada a resultados, 2) Presupuesto basado en resultados, 3) Gestión financiera, 4) Ejecución de programas y proyectos, y 5) Monitoreo y evaluación.

El elemento central de la gestión del Prodev (Organismo del BID) ha sido la elaboración de una herramienta para medir la capacidad de implementar la GpRD en los diferentes niveles de gobierno. Esta herramienta se denomina Sistema de Evaluación del Prodev (SEP)  (bid, 2011) (Kaufmann, Sanginés, & García, 2015).

Los cinco pilares del SEP giran alrededor de 3 elementos:

1. La identificación de un marco legal y su vigencia en cada uno de los temas;
2. La aplicación de las TIC, y
3. El carácter inclusivo de la ciudadanía.

La cadena de resultados, se basa en una lógica sistémica de entradas y salidas, en la cual los insumos de la gestión (financieros, materiales, informacionales, tecnológicos, cognitivos y del conocimiento, legales, etc.) son provistos por el entorno organizacional, por otras organizaciones y la sociedad en su conjunto,  siendo incorporados a las organizaciones para ser procesados y transformados en productos a partir de un  conjunto ordenado de tareas y actividades, en los que se moviliza información. Fuente: Banco Mundial y OCDA, (2005).

Los resultados emergen de la relación entre las organizaciones con su entorno socio económico desde los productos que le entregan a este, contribuyendo a la trasformación de su entorno a partir de los efectos e impactos que en él ocurren.

Los resultados se producen en el entorno organizacional a partir de los productos entregados y los efectos e impactos generados. Esto es importante repetirlo y resaltarlo dado que se suele confundir producto con resultados. Los productos son solo el punto de inicio de la generación tangible de resultados,  dado que son los efectos e impactos el punto de llegada de la gestión para resultados.

Normatividad.

Al analizar las normas con respecto de la información en la gestión pública en Colombia, se parte del principio  fundamental del derecho a la intimidad personal y familiar, del derecho al buen nombre (Artículo 15 C.P), y del derecho  a informar y recibir información veraz e imparcial (Artículo 20 C.P). Derechos que a su vez componen el derecho de  Habeas Data, que permite a los ciudadanos conocer, actualizar y rectificar toda la información que tengan las  diferentes entidades y bases de datos.

De acuerdo con la Ley 1581 se entiende por datos personales: “Cualquier información vinculada o que pueda  asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”. Y bases de datos, al: “Conjunto  organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento”, extendidas estas como: “Cualquier operación o  conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o  supresión” (Artículo 3, Ley 1581 de 2012).

La Ley 1712 del 2014, cuyo objeto es la de regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos  para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, desarrolla jurídicamente el  derecho fundamental de acceso a la información, por el cual: “Toda persona puede conocer sobre la existencia y  acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados”. La ley contempla que: “El  acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente” (Ley 1712, Artículo 4).

La Ley 1712 también señala que:

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información  pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que  a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos  obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de  documentos electrónicos auténticos. (Ley 1712, Artículo 4).

Colombia cuenta con una Ley general de archivos (Ley 594 de 2000), cuyo objeto es establecer las reglas y principios  generales que regulan la función archivística del Estado. En el Artículo 5 de la Ley 594, se define el Sistema Nacional  de Archivos como el:

Conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogeneización y normalización  de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de información, la salvaguarda del  patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a los documentos.

La gestión de la información pública se alinea hoy con el concepto de “Open Government” o Gobierno Abierto,  el cual hace énfasis en el estudio de las relaciones Estado – Sociedad. El gobierno abierto descansa sobre  políticas de gobernanza regulatoria, políticas de participación ciudadana y políticas de eficiencia de la gestión  pública. (Villoria, 2012).

Las políticas de gobernanza regulatoria hacen referencia a la capacidad del gobierno para ejercer sus  competencias regulatorias mediante el uso de la información pública como medio para el desarrollo de  programas y procesos de toma de decisiones en pro del beneficio colectivo. La gobernanza regulatoria, implica  desarrollos de apertura de datos (Open Data) y re utilización de los datos por medio de mecanismos y  sistemas que permitan procesar los datos en códigos abiertos y en “lenguaje de máquina”. (Villoria, 2012).

Las políticas de participación ciudadana, exploran nuevos caminos más allá de la democracia electoral  representativa, donde su referente es la participación concreta de actores no gubernamentales en cada  componente de los procesos de diseño, dirección, ejecución, control, seguimiento y evaluación de políticas  públicas. La participación ciudadana plantea la apertura de espacios y mecanismos comunicacionales  dialógicos y deliberantes construidos a partir de la apertura de datos e información pública. (Villoria, 2012).

Las políticas de eficiencia de la gestión pública, incorporan tres elementos a la gestión pública: Plataformas  tecnológicas, aplicativos para dispositivos móviles (apps) y plataformas digitales colaborativas. Los datos y la  información adquieren nuevos roles en la gestión pública dado que al ser procesados y alimentados también  por los ciudadanos y demás actores no gubernamentales generan nuevas trayectorias en cuanto al diseño y  demás componentes de las políticas públicas. (Villoria, 2012).

Por otra parte, Calderón y Lorenzo (2010), plantean que una de las características del gobierno abierto es  establecer una conversación permanente con los ciudadanos, empleando los avances en el uso de las  tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, con el propósito de identificar lo que estos dicen y  solicitan, para sí poder tomar decisiones basadas en sus necesidades y preferencias.

La alianza para el gobierno abierto (OGP – Open Government Partnership), es una iniciativa multilateral  lanzada en el año 2011 y busca proveer una plataforma internacional para el desarrollo de reformas  gubernamentales hacia la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la apertura democrática y el  mejoramiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. A partir del año 2012  Colombia hace parte de los 60 países que hoy conforman la (OGP).

Gobierno Abierto – Esquema

En materia de gobierno abierto, el gobierno colombiano ha fijado un “plan de acción de gobierno abierto de  Colombia” (Gobierno Nacional, 2013) en el cual se fija una agenda a futuro que contempla:

a) La mejora de los servicios públicos en el marco de la iniciativa de Gobierno abierto.

b) El fortalecimiento de la iniciativa de datos abiertos como mecanismo de coordinación para el acceso y uso de los diferentes datos publicados por las entidades del orden nacional y territorial.

c) La regulación de los servicios públicos, orientada a la promoción de la divulgación de los derechos de  los consumidores y de la promoción del acceso a los indicadores de calidad de cada uno de los  prestadores de servicios, por medio del uso de las TIC.

d) Mejora del servicio al ciudadano. Por medio del uso de las TIC, se busca que la información publicada  por las entidades del orden nacional y territorial cumplan con los siguientes estándares: Funcionalidad,  confiabilidad, utilidad, relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad, no  redundancia, pertinencia, disponibilidad, interpretabilidad y comparabilidad. Se busca también avanzar  en el empleo de un lenguaje ciudadano que sea claro y de fácil recordación.

e) Entidades más eficientes. Se pretende continuar con las iniciativas de reducción de trámites, el desarrollo de incentivos en la gestión pública y avanzar en la rendición de cuentas y la transparencia.

f) Aumento de la integridad pública. Está orientado hacia una actuación más integra y transparente por  parte de los servidores públicos, así como por parte de ellos se facilite el acceso a la información pública  de manera ordenada, precisa y con un lenguaje claro, que incentive y posibilite la participación  ciudadana.

g) Acceso a la Información Pública. Busca continuar en el desarrollo de la ley de transparencia y Acceso  a la Información Pública Nacional.

h) Mejorar el desempeño y la rendición de cuentas del gobierno. Se busca un mayor y mejor uso de la  información gubernamental parte de los ciudadanos y desarrollar esquemas de seguimiento en las  entidades territoriales. Se pretende también avanzar en la elaboración de metodologías unificadas para  la rendición de cuentas para todas las entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos territoriales,  que además fortalezcan la participación ciudadana.

i) Política de transparencia y plan anticorrupción.

j) Observatorio de lucha contra la corrupción. Este observatorio se ha promovido en coordinación con la  Procuraduría General de la Nación. Analiza la información del Estado en materia de prevención y  sanción frente a la corrupción y analiza las denuncias con el fin de tomar mejores acciones.

k) Participación ciudadana. Busca la consolidación de la política nacional sobre mecanismos de  participación ciudadana y el desarrollo de indicadores de seguimiento que permitan evaluar la incidencia  de la participación.

l) Compras eficientes. Avanzar en esta iniciativa para brindar una mayor transparencia y eficiencia en la  contratación pública, por medio de la Agencia Colombia Compra Eficiente.

m) Portal de transparencia económica. Para la información de la ejecución presupuestal y de pagos gubernamentales. Y busca el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento fiscal.

n) Control en línea. Se busca unificar un sistema de denuncia de hechos de corrupción y de seguimiento a las  mismas por parte de los ciudadanos. Incorpora a entes gubernamentales con órganos de control (Procuraduría  General de la Nación, Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República) y la Fiscalía  General de la Nación.

o) Sistema General de Regalías. Busca garantizar la transparencia en el manejo e inversión de los recursos del Sistema General de Regalías -SGR, por medio del desarrollo de instrumentos de seguimiento y evaluación.

p) Plan de seguimiento a proyectos de saneamiento básico. Busca implementar criterios de eficiencia y  rendición de cuentas en las empresas de acueducto y alcantarillado, y un sistema de seguimiento, desde el  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la ejecución de la inversión, todo esto con el fin de promover la  transparencia e impactos positivos en la gestión del saneamiento básico.

q) Alianza Gobierno, sector privado y sociedad civil. Se propende por la promoción de alianzas entre el  Gobierno Nacional, el sector privado y la sociedad civil para fijar los lineamientos de auto regulación, así como  códigos de buen gobierno en sectores críticos tales como infraestructura y servicios públicos domiciliarios.

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) es una fuente de información  relevante en materia de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas en Colombia. Este sistema de  información está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se encarga de gestionar el  manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación, el seguimiento al plan nacional de  desarrollo y el afianzamiento de la cultura de gestión pública para resultados en Colombia.

El Sistema está estructurado por tres componentes: 1) Sinergia Seguimiento. Verifica el cumplimiento de las  metas y objetivos del Plan Nacional Desarrollo; 2) Sinergia Territorial. Consolida y hace seguimiento de la  información relacionada con los objetivos y estrategias del PND que tienen un alcance territorial, así como  documentos de análisis e informes que dan cuenta de los logros alcanzados periódicamente en los territorios;  y 3) Sinergia Evaluaciones. Se encarga de hacer análisis de la evolución e impacto de las principales políticas  públicas en Colombia.

En Colombia, a partir del documento Conpes 3654 de 2010, se entendiendo la rendición de cuentas como el  conjunto de estructuras, practicas, y resultados mediante los cuales las organizaciones estatales y los  servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones  públicas, organismos internacionales, a los ciudadanos y la sociedad civil.

Condiciones que garantizan la rendición de cuentas que hace más transparente la información de las

entidades del estado hacia la comunidad en general:

a) Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía acceda a la información.

b) Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades encomendadas.

c) Estar dispuesto a la evaluación pública en espacios de deliberación con los ciudadanos.

d) Incorporar las peticiones ciudadanas a los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas.

2.3.1. Tipos de rendición de cuentas

a) Vertical

b) Horizontal

c) Diagonal

d) Internas

e) Entre niveles territoriales

f) Externa.

Contenidos en la rendición de cuentas

La Ley 1712 de 2014, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.
La Ley 1712, parte del principio de “máxima publicidad para titular universal”. El cual reconoce que “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal” (Ley 1712, Artículo. 2).
En la aplicación del presente principio, la Ley contempla que se debe ejercer bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios (Ley 1712, Artículo. 3):
Principio de transparencia
Principio de buena fe
Principio de facilitación:
Principio de no discriminación:
Principio de gratuidad:
Principio de celeridad:
Principio de eficacia:
Principio de la calidad de la información:
Principio de la divulgación proactiva de la información:
Principio de responsabilidad en el uso de la información

La Ley 1712 de 2014, en su Artículo 9, ordena que todo sujeto obligado (entidades públicas o privadas  obligadas por la ley) deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los  sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan, y ser actualizada cada tres meses:

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas,  divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.

b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada  año fiscal, de conformidad con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los  empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los  servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de  servidores públicos y contratistas.

d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y  objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados  de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.

e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la  correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes  adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el  tema específico, de conformidad con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas  naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los  honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de  servidores públicos y contratistas.

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos.

g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Frente a la prestación de bienes y servicios, procedimientos y funcionamiento de las entidades públicas o  los particulares con funciones públicas, están obligados a publicar la siguiente información mínima obligatoria  de manera proactiva (Ley 1712, Artículo. 11):

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios  y protocolos de atención.

b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la  normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos.

c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.

d) El contenido de toda decisión o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado.

f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los  datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.

h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en  relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias  y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.

i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la  política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.

j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y  automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información.

k) Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos. Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su  publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de  las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces.

Las Auditorias visibles a las inversiones de los recursos de regalías, son un mecanismo de participación  ciudadana, impulsado como una iniciativa del DNP, como un componente del monitoreo al Sistema General de  Regalías (SGR), con el objetivo de que las comunidades que se benefician de la inversión pública puedan  realizar seguimiento y control social, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.

En ellas participan, frente a los proyectos de inversión con recursos de las regalías, representantes de la  entidad territorial, el contratista, el interventor técnico, los órganos de control, la Dirección de Regalías y la  comunidad, y demás actores involucrados en la ejecución de los proyectos (DNP, 27 de julio de 2017).

Las auditorias visibles, funcionan de la siguiente manera (DNP, 2017):

a) Se realizan por lo menos tres audiencias públicas a lo largo de las diferentes etapas de ejecución de los  proyectos, para que los beneficiarios estén enterados de su desarrollo.

b) Una vez informados, los ciudadanos plantean inquietudes, sugerencias y recomendaciones, con lo que se  generan compromisos para la adecuada ejecución del proyecto.

A partir de la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de  prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, se  crea la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, la cual busca contribuir desde la  sociedad civil colombiana a hacer seguimiento a las políticas, programas y acciones formuladas e  implementadas por el Estado y el Gobierno Nacional para la prevención, control y sanción de la corrupción  (Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, 2017).

La comisión es apoyada por la Agencia Presidencial de Cooperación, la secretaría de la transparencia de  presidencia de la república, la Unión Europea y Transparencia por Colombia. Y es conformada por la  designación de sus miembros por el presidente de la República, por un periodo de cuatro años, conforme a la  Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción). En la actualidad está integrada por siete (7) miembros.

La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, de acuerdo al estatuto anti  corrupción y el Decreto4632 de 2011, entre sus funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la aplicación del estatuto anti corrupción y de la Ley 190 de 1995.

b) Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas, planes y programas que  se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción, al menos una (1) vez cada año.

c) Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción de los valores éticos y la lucha contra  la corrupción.

d) Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente de las actividades del sector privado y para la prevención de conflictos de intereses en el mismo.

e) Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en el estatuto anti corrupción para mejorar la  gestión pública tales como la contratación pública, la política anti trámites, la democratización de la  administración pública, el acceso a la información pública y la atención al ciudadano.

f) Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto impacto.

g) Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en esta ley para regular el  cabildeo, con el objeto de velar por la transparencia de las decisiones públicas.

h) Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la moral pública.

i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los servidores públicos  de los cuales tengan conocimiento, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 92 de la Constitución.

j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto hacen relación con la moralidad  administrativa.

k) Velar por que la Administración Pública mantenga actualizado el inventario y propiedad de bienes muebles e  inmuebles pertenecientes a las diversas entidades, así como su adecuada utilización.

l) Velar y proponer directrices para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 de la Ley 190 de 1995.

m) Darse su propio Reglamento.

Su propósito central es asesorar y apoyar directamente al Presidente de la República en el diseño de una Política Integral de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y coordinar su implementación. funciones:

a) En materia de política pública, diseña estrategias e implementación de indicadores de transparencia de las  entidades de la Administración Pública, en coordinación con las entidades estatales relaciónadas con el tema.

b) A nivel de diagnósticos, diseña instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y  sus indicadores y faciliten la definición de políticas públicas.

c) Frente a la prevención de la corrupción, asesora en la coordinación e implementación de mecanismos para  fomentar la rendición de cuentas, y en la promoción de mecanismos de participación. También diseña,  coordina e implementa directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional,  la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la cultura de la  probidad y transparencia. En su quehacer preventivo, la secretaria también propone estrategias para la  pedagogía y promoción de la cultura de legalidad, así como, definir y promover acciones estratégicas entre el  sector público y el sector privado para la lucha contra la corrupción.

d) Compromisos internacionales. Coordina la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia  mediante los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.

e) Coordinación interinstitucional. Fomenta y participa en la coordinación interinstitucional de las diferentes  ramas del poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la ejecución de la política de  transparencia y lucha contra la corrupción.

f) Plan de Acción y Anticorrupción. Señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias  de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del  orden nacional y territorial, así como la metodología para diseñar e implementar los planes de acción (Ley  1474 de 2011).

g) Proyectos de ley y otras normas. Participar en la elaboración de proyectos de ley o de acto legislativo que  someta el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República en materia de lucha contra la  corrupción. Participar en la formulación de propuestas de actos administrativos necesarios para la  reglamentación de las normas con fuerza de ley sobre la lucha contra la corrupción.

h) Quejas y reclamos. Señala los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la  organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos y conocer directamente de  las quejas, sugerencias y reclamos que, por su gravedad, sean puestas en su conocimiento por el jefe o  coordinador de la unidad o grupo de control interno disciplinario de cada entidad.

i) Control Interno. Consolida y analiza los informes y reportes que presenten los jefes de control interno de la  Rama Ejecutiva del orden nacional, o de quienes hagan sus veces, de conformidad con lo señalado en el  Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y en el decreto que la reglamente. Propone acciones preventivas en esta  materia y presentar un informe sobre los mismos a la Comisión Nacional para la Moralización.

j) Comisión Nacional de Moralización. Ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la  Moralización y en el marco de dicha competencia: Coordinar lo relacionado con los informes sobre proyectos y  planes de acción a que se refiere el Artículo 56 de la Ley 190 de 1995. Propone a la Comisión Nacional para la  Moralización acciones para adelantar conjuntamente con el Gobierno Nacional, para consolidar sus informes y  hacer seguimiento a los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia que esta formule. Apoya a la  secretaría técnica de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción y promover la  aplicación de los lineamientos tanto de esta Comisión como de la Comisión Nacional para la Moralización en  las Comisiones Regionales de Moralización. Solicita a los diferentes organismos, entidades y autoridades del  Estado y funcionarios la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Colombia Compra Eficiente es una Agencia Nacional creada por el Decreto 4170 de 2011 y adscrita al DNP,  cuya función central es la de crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y  que permitan monitorear y evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor transparencia en las compras.

La misión de Colombia Compra Eficiente, es:

a) Ofrecer a los partícipes de la compra pública un sistema de información que permita hacer transacciones  en línea, con instrumentos y herramientas que respondan a sus necesidades y que ofrezca información  suficiente y de calidad para tomar decisiones, y para cumplir las metas y objetivos de las Entidades  Estatales, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo, generando valor por  dinero en la compra pública y confianza en el Sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y  asegurando el acceso a la información;

b) Formular políticas públicas encaminadas a cumplir los objetivos del Sistema de Compra Pública y ofrecer  herramientas para su gestión y hacer análisis constante de la normativa vigente y su aplicación;

c) Asistir técnicamente y trabajar en equipo con los partícipes de la compra pública;

d) Apoyar el desarrollo del mercado de compra pública, y monitorearlo; y

e) analizar, evaluar y monitorear el comportamiento del Sistema de Compra Pública en busca de la  innovación y mejora continua del mismo.

En el año 2013, Colombia Compra Eficiente creo la “Tienda Virtual de Estado Colombiano”, la cual es una  herramienta del sistema de compra pública. Básicamente, es una plataforma digital que permite hacer  compras por medio de instrumentos de agregación de demanda y el catálogo de almacenes de grandes  superficies.

Colombia Compra Eficiente, también es la responsable del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el cual se describirá en el siguiente punto.

Otra herramienta de Colombia Compra Eficiente, es “Compra Pública para la Innovación”, la cual surgió en el  año 2013 como una de las recomendaciones dadas al gobierno colombiano por parte de la (OCDE).

El objetivo de la política de Compra Pública para la Innovación es desarrollar instrumentos para que las  Entidades Estatales solucionen sus necesidades a través de mecanismos que no están en el mercado,  promoviendo que el sector privado genere nuevas formas de satisfacer las necesidades de las Entidades  Estatales. (Colombia Compra Eficiente, 2017).

El programa pretende impulsar la innovación desde la demanda generando un importante impacto en los  niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y así fortalecer la competitividad del país

Colombia Compra Eficiente, es un centro de diseño y procesamiento de indicadores de desempeño, para  medir y evaluar el Sistema de Compra Pública y así poder monitorear el impacto de las decisiones de política  pública en esta materia. Gracias al apoyo del Banco Mundial, hoy se dispone de un sistema de indicadores,  compuesto por cuatro dimensiones de medición (Colombia Compra Eficiente, 2017):

a) Valor por dinero, entendido como economía (cuando el precio que se paga por el contrato es apropiado para  el bien o servicio adquirido, teniendo en cuenta la calidad y los costos asociados, incluyendo la manera en la  que se eliminarán todos sus desechos), eficiencia (cuando el proceso de contratación utiliza la menor cantidad  de recursos humanos y de tiempo para entregar los bienes y servicios requeridos por el Estado) y eficacia  (cuando el proceso de contratación satisface plenamente la necesidad de la Entidad Estatal que lo contrata).

b) Integridad y transparencia en la competencia, que permite evaluar las garantías existentes para que la  contratación se lleve a cabo de forma transparente, mediante procesos que fomenten la competencia, donde  las partes cuenten con información oportuna, relevante y equitativa para todos los participantes, y tanto el  proceso como los resultados sean visibles para los Compradores, los Proveedores y la ciudadanía en general.

c) Rendición de cuentas, entendido como la capacidad de las Entidades Estatales de visibilizar y responder  por su gestión contractual y sus responsabilidades como proveedor de servicios del Estado.

d) Manejo del riesgo, relacionado con la capacidad de minimizar los riesgos contractuales previsibles.

El Sistema electrónico para la contratación pública (SECOP), está a cargo de Colombia Compra Eficiente. En  una primera etapa denominada SECOP I, en la que simplemente se publicaba en una plataforma la  información de Compradores y Proveedores para realizar el Proceso de Contratación de manera tradicional.

En una segunda etapa, SECOP II, creada en el año 2015, se pasa a una verdadera plataforma transaccional  que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea

Desde una cuenta de usuario, todas las entidades del Estado colombiano, pueden crear y adjudicar Procesos  de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Y en el caso de los proveedores,  estos también pueden crear una cuenta de usuario, con el fin de buscar oportunidades de venta de bienes y  servicios, hacer seguimiento a los procesos de contratación y además poder enviar observaciones y Ofertas  medición (Colombia Compra Eficiente, 2017):

El SECOP II, les permite a los ciudadanos y a los medios de comunicación consultar en línea la actividad  contractual de todas las entidades estatales, logrando transparentar el proceso de contratación pública.

Las entidades estatales (compradores), los proveedores y la ciudadanía en general, pueden hacer seguimiento  a las cinco fases de la contratación pública: La planeación, la selección, la contratación, la ejecución y la  liquidación. Lo cual permite una mayor y mejor trazabilidad del proceso contractual (Colombia Compra  Eficiente, 2016).

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), está a cargo del Departamento  Administrativo de la Función Pública (DAFP). Su información en materia de empleo público se divide en  territorial (departamentos y municipios) y nacional. Está clasificada, así (DAFP, 2017):

­Información de entidades del Estado colombiano. Tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación,  planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, entre otras.

­Información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas. Contiene datos de hojas de  vida, declaración de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al  personal vinculado a estas.

El SIGEP se constituye en una herramienta informática para las entidades estatales que facilita adelantar  procesos para la movilidad de personal, diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación, hacer la  evaluación del desempeño y desarrollar programas de bienestar social e incentivos.

Su información es altamente relevante para proceso de toma de decisiones y formulación, políticas públicas en  cuanto a diseño y rediseño organizacional, y administración del factor humano.

El SIGEP cuenta con el directorio más completo de servidores públicos y contratistas al servicio del Estado  (personas naturales). Donde se pueden hacer búsquedas filtradas por: Nombres y apellidos, institución, o por  Ciudad (DAFP, 2017).

Las políticas de gestión en materia de eliminación de trámites, se articulan por medio de la Ley 952 de 2005 y  el Decreto 019 de 2012.

La ley ante trámites ordena que todo requisito, para que sea exigible, deberá encontrarse inscrito en el  Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), que es operado por el Departamento Administrativo de la  Función Pública (DAFP). Este sistema de información es una herramienta útil para la integración y  actualización de la información inherente a los diversos trámites y servicios de las entidades estatales, esto  con el fin de facilitar a los ciudadanos una consulta centralizada y en línea.

El Decreto 019 de 2012, se orienta al desarrollo de una administración pública de calidad y con calidez, al  replantear las relaciones del Estado con los ciudadanos, fundada en el respeto y la amabilidad. Busca proteger  y garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante el Estado. Se orienta a  generar compromiso en las entidades públicas para ser más eficientes y eficaces. Y suprime o reformar los  trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública.

El Decreto 019 del 2012, prohíbe:

• ­Solicitar documentos que reposan en la misma entidad.
• ­Comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración.
• ­Rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores de citas, de ortografía, de mecanografía, ­aritméticos o similares.
• ­No se requerirá actuar mediante abogado para la realización de actuación administrativa, salvo que se trate  de interposición de recursos.
• ­Solicitar certificaciones de indicadores económicos para adelantar procesos o actuaciones ante las  autoridades, basta la consulta a la Web de la entidad que certifica.

El portal de datos abierto a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (MINTIC), por medio de la dirección de Gobierno en Línea, busca la promoción de los datos y definición del  Ecosistema de Datos Abiertos para Colombia, para así aportar en la construcción de una administración  pública más transparente y la colaboración dela sociedad a partir de la publicación de información pública para  que se reutilice y genere valor (MINTIC, 2017).

El “Open Data” (Datos Abiertos), parte de la idea respecto a que todos los datos o la información producida por  la Administración Pública pertenecen a la sociedad, pues es ella la que financia la actividad estatal. Los datos  y la información estatal, debe estar abierta y disponible para ser usada por cualquier ciudadano y para  cualquier fin. Los Datos Abiertos deben ser compartidos por medio de plataformas Web centralizadas, como es  el caso de www.datos.gov.co, o descentralizadas.

Los formatos electrónicos deben ser estándar, con una estructura de fácil comprensión y que permiten que los  datos puedan ser procesados y reutilizados.

El portal de Datos Abiertos, centraliza y unifica todos los datos publicados por las entidades públicas de  Colombia en formato abierto, con el fin de que éstos puedan ser usados por cualquier persona para desarrollar  aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer análisis e investigación, ejercer labores de control o para  cualquier tipo de actividad comercial o no comercial (MINTIC,2017).

El portal a julio del 2017, registra alrededor de 750 entidades estatales vinculadas que aportan datos abiertos;  4992 datos abiertos de entidades territoriales y nacionales de la administración pública colombiana; y reporta  821 visualizaciones e investigaciones creadas a partir de datos abiertos.

El Portal de Transparencia Económica centraliza y ordena Información presupuestal y financiera  gubernamental. El portal es una iniciativa del Ministerio de Hacienda y crédito público, donde por medio de  infografías el ciudadano común puede darse una idea de “cómo el Estado colombiano invierte el dinero de  todos” en lo que se denomina “presupuesto ciudadano” (MinHacienda, 2017).

En el Portal de Transparencia Económica está pensado para ser usado por el ciudadano, con el fin que pueda  hacer consultas sobre los ingresos de la nación, los gastos de la nación, los contratos de la nación, el sistema  general de participaciones, el sistema general de regalías, y otros tipos de transferencias económicas.

Las consultas se pueden realizar en forma general (Nación) o filtrada por sectores, entidades, departamentos y  municipios. La información se presenta en tablas y graficas de fácil lectura.

El nuevo Sistema General de Regalías (SGR), conforme al Acto legislativo 05 del 2011, fue armonizado  mediante el Decreto Ley transitorio 4923 del 011, el cual determina la distribución, objetivos, fines,  administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la  explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus  beneficiarios.

El SGR busca crear las condiciones de equidad en la distribución de los ingresos para generar ahorros en  épocas de escasez; distribuye los recursos hacia la población más pobre generando mayor equidad social;  promueve el desarrollo y la competitividad regional; incentiva proyectos minero energéticos (tanto para la  pequeña y mediana industria y para la minería artesanal); promueve la integración de las entidades territoriales  en proyectos comunes; propicia la investigación la inversión en la restauración social y económica de los  territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación (SGR, 2017).

Los recursos del SGR financian proyectos de inversión que son presentados por las entidades territoriales a  los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Los OCAD los encargados de definirlos,  evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos (SGR, 2017).

Un componente central del SGR es el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), el  cual es administrado por el DNP y se desarrollará de manera selectiva y con énfasis en acciones preventivas.  Mapas regalías (SGR, 2017), es un aplicativo interactivo que permite georeferenciar el número, monto y  estado  de  los  proyectos  aprobados,  así  como,  los  recursos  del  SGR  discriminados  por  regiones,  departamentos y municipios. Esta iniciativa fue cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Urna de Cristal, es una iniciativa de la presidencia de la república de Colombia, entendida como un canal  informativo y de dialogo sobre la gestión del gobierno colombiano con miras a la participación.

El portal busca ser una herramienta para transparentar la administración pública, donde los ciudadanos se  informen sobre las iniciativas del gobierno y dispongan de la información suficiente para cualificar su  participación.

Urna de cristal dispone de múltiples canales (televisión, redes sociales, correo electrónico, Call-center, etc.)  que promueven que la gente pregunte y aporte sobre diversos temas relacionados con la gestión pública.  Frente a las preguntas y aportes de los ciudadanos, la plataforma generando una respuesta oficial por parte de  la entidad correspondiente, todo esto a un sistema de gestión de respuesta en el que están articulados los  principales organismos de gobierno (Urna de cristal, 2017).

Urna de cristal se caracteriza por ser un activo canal que media entre las cuentas oficiales de la presidencia de  la Republica y los ministerios, principalmente en Twitter y Facebook, con los ciudadanos, monitoreando sus  comentarios y generando respuestas a las mismas según el caso. Lo cual lo puede poner en riesgo de caer en  ser un canal de promoción e imagen publicitaria gubernamental.

https://ddtspr.dnp.gov.co/GestionWeb

GUÍA DE ORIENTACIONES PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN 2018

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EI-G01%20Orientaciones%20para%20Realizar%20la%20Medici%C3%B3n%20del%20Desempe%C3%B1o%  20De%20Las%20Ent%20Terr.Pu.pdf

Colombia cuenta hoy con un buen número de herramientas electrónicas que han permitido mejorar la gestión  financiera pública, las cuales han evolucionado de unidades de cómputo funcionando en solitario a redes  interconectadas en tiempo real, lo cual se conoce como el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).  Decreto 2789 de 2004.

El SIIF Nación, conforme a la Ley 298 de 1996 en su Artículo 8, obliga a su utilización a los:

Órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público  Nacional y de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la  Contaduría General de la Nación o quienes hagan sus veces. (Decreto 2789, Artículo. 3).

La organización y administración del SIIF Nación está compuesto por un comité directivo, el cual pertenece el  viceministro general de hacienda, el director presupuesto público nacional, el director del crédito publico y del  tesoro nacional, el director de tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contador General de  la nación y el administrador del SIIF NACION, quien será el Secretario Técnico. (Decreto 2789 de 2004,  Artículo. 7 y 8).

El SIIF Nación cuenta con un comité de seguridad, en el cual las funciones principales son: Dictar las políticas,  estándares, implementación, y el mejoramiento continuo de todo el sistema de seguridad, y analizar los  informes de las evaluaciones de seguridad del sistema (Decreto 2789 de 2004, Artículo. 11). El SIIF Nación  está integrado también por un Administrador del Sistema que hace las veces de secretario técnico del comité  directivo y un funcionario responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo.

El SIIF, es diferente al SIIF Nación dado que contiene funcionalidades que lo diferencian, tales como  programación presupuestal, administración de apropiaciones, lo que hizo necesario una nueva organización  para su administración y operación.

La información registrada en el SIIF, es de carácter oficial, lo cual implica que el sistema debe reflejar la  consistencia de los valores frente a la documentación que soporta los registros realizados en el aplicativo. El  SIIF debe reflejar todas las operaciones que permitan reflejar la gestión financiera realizada por todos los  usuarios. De igual manera es responsabilidad del personal de todas las áreas involucradas, realizar  verificación y validación de la información antes de efectuar un cierre (Decreto 2674 de 2012). Dado que una  vez efectuado el cierre en el sistema, no será factible hacer ninguna modificación, por tal motivo se debe tener  presente las fechas hábiles del sistema y también las fechas hábiles bancarias.

Los objetivos actuales del SIIF, son (MinHacienda, 2015:5):

• Proporcionar una herramienta informática a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para que registren su gestión financiera.
• Centralizar la información financiera pública de la Nación en una base de datos que garantice la transparencia, una gestión estandarizada conforme a la norma y un registro seguro y oportuno, de forma tal que sea considerada como oficial.

Posibilitar que las entidades destinen recursos a aplicaciones misionales.

El SIIF Nación contiene una serie de módulos que integran negocios de la gestión financiera (obligatorio) y negocios dela gestión administrativa (no obligatorios), Así: VER DETALLES

El SIIF Nación tiene como ventajas el ampliar la cobertura Institucional y Geográfica, así como el poder  estandariza la gestión financiera pública conforme a la normatividad de la gestión financiera pública en  Colombia. Otras ventajas del SIIF, de acuerdo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son (MinHacienda,  2015: 5 -6): Brinda Transparencia a la gestión de recursos públicos.

• Posibilita tener información financiera en línea y tiempo real.
• Genera Información confiable y segura.
• Reduce los gastos relacionados con la adquisición, mantenimiento y actualización de aplicativos financieros.
• Realiza pagos a beneficiario final con abono en cuenta.
• Permite el control de la ejecución de proyectos de inversión con la Banca Multilateral.
• Racionaliza el uso de los recursos públicos.
• Facilita los procesos de control y seguimiento.

Las limitaciones del SIIF, obedecen principalmente a la falta de desarrollo de capacidades de uso por parte de los usuarios, por lo cual la administración del SIIF cuenta con una mesa de ayuda que reporto al año 2015, 86.599 llamadas. También se cuenta con cursos virtuales y presenciales de capacitación en el tema. Otro  problema obedece a los problemas de conectividad por parte de las entidades, dado que el sistema como ha  tenido mínimos fallos reportados (MinHacienda, 2015:23).

Seguimiento: Existe mayor conocimiento y  autonomía en los funcionarios públicos.

Los usuarios reportan que, en los módulos de contabilidad y presupuesto al cargar la información la  información debe ir bajo los criterios de entrada del aplicativo, pues códigos, clave o números con puntos o  signos, el sistema no los reconoce (Vergara, 2015:16). Seguimiento: Existe mayor conocimiento y  autonomía en los funcionarios públicos.

Vergara, también señala conforme a entrevistas con usuarios del SIIF, que: Dentro de los diferentes  inconvenientes que se presentan en el módulo de contabilidad el más constante se presenta en los registros  contables en SIIF, los cuales continúan afectando cuentas que no corresponden, sobre todo en lo relacionado  a gastos de contratos, el IVA generado, afectación de terceros que no corresponde en el momento de una  deducción (Vergara, 2015:16). Seguimiento: ya no se presenta.

También comenta que: Al realizar las órdenes de pago presupuestales y no presupuestales no existe un  campo de notas en donde se escriba la información correspondiente a lo que se va a cancelar, como lo son,  nombre o tipo de contrato, numero de facturación, periodo de cancelación, esto con el fin que esta información  se visualice al imprimir la orden de pago (Vergara, 2015:17). Seguimiento: ya está el campo

Desde la puesta en marcha del actual Plan Nacional de desarrollo (2014 – 2018) “Todos por un nuevo país”, el  Sistema Integrado de Información Financiera, tiene como horizonte proporcionar más reportes del módulo de  Contabilidad, continuar con la implantación de la Cuenta Única Nacional (CAN), Implementar el SIIF Nación  Extendido y Adaptar el SIIF a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIIFSP) y al  Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP). Seguimiento:

El SIIF Nación extendido busca integrar los sistemas locales y los sistemas transversales a los módulos del  actual SIIF Nación.

ESTRUCTURA DEL SIIF NACIÓN.

El SIIF Nación extendido busca integrar los sistemas locales y los sistemas transversales a los módulos del actual SIIF Nación.